En Madrid a 30 de marzo de 2020

 

ASUNTO SOBRE CRITERIOS LEGALES DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD DE LAS EMPRESAS DE VIGILANCIA Y SU PERSONAL ANTE EL RD 463/2020 POR EL QUE SE APRUEBA ESTADO DE ALARMA ANTE EL COVID19

 

  1. Consulta

 

Ante las dudas telefónicas recientemente formuladas  por parte de asociados, con motivo de la entrada en vigor RD 463/2020 de 15 de marzo por el que se decreta el Estado de Alarma, y su afectación en el desarrollo de la actividad del articulo 5.1 letra a) de la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad de vigilancia y protección de bienes, establecimiento, lugares y eventos, tanto públicos como privados, así como de las personas que pudieran encontrarse en los mismos, sirva el presente Escrito para expresar mi opinión profesional sobre el particular.

 

  1. Razonamientos Jurídicos

 

La Ley 5/2014 de 4 de abril en su Preámbulo considera a las Empresas y personal que desempeñan funciones de seguridad, las actividades de seguridad privada en general como actividades complementarias y subordinadas a la Seguridad Publica. Ello viene ratificado en el preámbulo de dicho texto legal cuando dispone:

“En la relación especial que mantiene la seguridad privada con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, auténticos garantes del sistema de libertades y derechos que constitucionalmente protegen, se hace necesario avanzar en fórmulas jurídicas que reconozcan el papel auxiliar y especialmente colaborador desempeñado por la seguridad privada, de forma que, además de integrar funcionalmente sus capacidades en el sistema público de seguridad, les haga partícipes de la información que resulte necesaria para el mejor cumplimiento de sus deberes.”

Constituye personal de seguridad privada habilitado los vigilantes de seguridad, de conformidad con elartículo 2 de la Ley 5/2014 de 4 de abril de Seguridad Privada, resultándoles de aplicación en su plena extensión la normativa de seguridad privada al establecer en el artículo 32 en dicho texto legal como funciones legalmente atribuidas a los mismos:1. Los vigilantes de seguridad desempeñarán las siguientes funciones:

  1. a) Ejercer la vigilancia y protección de bienes, establecimientos, lugares y eventos, tanto privados como públicos, así como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos, llevando a cabo las comprobaciones, registros y prevenciones necesarias para el cumplimiento de su misión.
  2. b) Efectuar controles de identidad, de objetos personales, paquetería, mercancías o vehículos, incluido el interior de éstos, en el acceso o en el interior de inmuebles o propiedades donde presten servicio, sin que, en ningún caso, puedan retener la documentación personal, pero sí impedir el acceso a dichos inmuebles o propiedades. La negativa a exhibir la identificación o a permitir el control de los objetos personales, de paquetería, mercancía o del vehículo facultará para impedir a los particulares el acceso o para ordenarles el abandono del inmueble o propiedad objeto de su protección.
  3. c) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones administrativas en relación con el objeto de su protección, realizando las comprobaciones necesarias para prevenirlos o impedir su consumación, debiendo oponerse a los mismos e intervenir cuando presenciaren la comisión de algún tipo de infracción o fuere precisa su ayuda por razones humanitarias o de urgencia.
  4. d) En relación con el objeto de su protección o de su actuación, detener y poner inmediatamente a disposición de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes a los delincuentes y los instrumentos, efectos y pruebas de los delitos, así como denunciar a quienes cometan infracciones administrativas. No podrán proceder al interrogatorio de aquéllos, si bien no se considerará como tal la anotación de sus datos personales para su comunicación a las autoridades.

Lo dispuesto en el párrafo anterior se entiende sin perjuicio de los supuestos en los que la Ley de Enjuiciamiento Criminal permite a cualquier persona practicar la detención.

  1. e) Proteger el almacenamiento, recuento, clasificación, transporte y dispensado de dinero, obras de arte y antigüedades, valores y otros objetos valiosos, así como el manipulado de efectivo y demás procesos inherentes a la ejecución de estos servicios.
  2. f) Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales receptoras de alarmas, la prestación de servicios de verificación personal y respuesta de las señales de alarmas que se produzcan.

Además, también podrán realizar las funciones de recepción, verificación no personal y transmisión a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad que el artículo 47.1 reconoce a los operadores de seguridad.

  1. Los vigilantes de seguridad se dedicarán exclusivamente a las funciones de seguridad propias, no pudiendo simultanearlas con otras no directamente relacionadas con aquéllas”.

El articulo 18 de la Ley de Seguridad privada establece los principios rectores a los que deberán someterse tanto la Empresa como el personal de seguridad privada, entre ellos el vigilante de seguridad.

Dicho artículo se encuentra claramente vinculado al artículo 14 de la Ley de Seguridad Privada de colaboración profesional con las FCS, particularmente en el presente Informe, en relación al vigilante de Seguridad dentro del presente Estado de Alarma en el ejercicio de sus funciones tasadas en el articulo 32 de la Ley de Seguridad Privada.

Todas las Empresas de Seguridad y por ende su personal, sea habilitado (vigilantes y guardas de seguridad, jefe y director de Seguridad) en el desarrollo de sus actividades, y por supuesto en la ejecución de los servicios, tales como los servicios de vigilancia y protección del articulo 41 de la Ley de Seguridad Privada, vienen obligados a cumplir los fines del artículo 4 de la Ley de Seguridad Privada así como sus requisitos generales del articulo 28 del mismo texto legal y las funciones expresadas en el Capitulo II de la Ley de Seguridad Privada.

Por todo ello, la asistencia o desplazamiento de todo el personal de seguridad privada en una Empresa de Seguridad al domicilio de sus clientes, sean o no usuarios obligados a adoptar medidas de seguridad específicas, o a la Sede social de la Empresa de Seguridad, dentro de un servicio de seguridad privada, debe conceptuarse como un servicio esencial para la seguridad pública, y por consiguiente se debe garantizar su prestación por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad con motivo de su desplazamiento al centro de trabajo o lugar de prestación del servicio contratado.

 

En este sentido las Empresas de Seguridad deberán expedir un documento acreditativo o certificado  a sus empleados, entre otros los vigilantes y Jefes de seguridad, para el cumplimiento de sus obligaciones legales garantizando el desplazamiento personal, en transporte publico o en vehículo tanto la sede de la Empresa de Seguridad como al domicilio de los cliente.

 

Se desprende de lo anterior, que incluso el derecho de huelga se halla limitado por dicha normativa de seguridad privada para el personal operador integrado en Empresa de Seguridad, que viene obligado a cumplir con las obligaciones que le son inherentes como personal acreditado en la normativa de seguridad privada contratado por la citada Empresa de Seguridad.

La falta o abandono, ausencia injustificado o cumplimiento defectuoso de sus obligaciones por el personal habilitado así como la negativa a prestar auxilio o colaboración a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, cuando sea procedente, en la investigación y persecución de actos delictivos; en el descubrimiento y detención de los delincuentes; o en la realización de las funciones inspectoras o de control que les correspondan. viene sancionado por la normativa de seguridad privada en el artículo 58 de la Ley de Seguridad Privada como una infracción muy grave y castigado con multas de 6.000 a 30.000 euros.

Igualmente constituye otra infracción grave contra la normativa de seguridad privada que puede cometer un vigilante de seguridad o el Jefe de Seguridad la conducta consistente en: “g) La falta de diligencia en el cumplimiento de las respectivas funciones por parte del personal habilitado o acreditado con una sanción o multa que va 1.000 a 6000 euros”.

 

Por otro lado, recordar las obligaciones que a la Empresa de Seguridad autorizada para la actividad del articulo 5.1 letra a) al personal vigilante y Jefe de Seguridad integrado en la misma, en la gestión del servicio de vigilancia y protección del articulo 41 de la Ley de Seguridad Privada, deben cumplirse de forma permanente tanto respecto de las medidas de seguridad existentes en sede social de la Empresa previstas en el articulo 5 de la Orden del Ministerio de Interior 314/2011 de 1 de febrero sobre Empresas de Seguridad Privada, del articulo 6 de la misma Orden, las condiciones del 23 al 26 del RD 2364/1994 por el que se aprueba el Reglamento de Seguridad Privadalas del articulo 21 de la Ley de Seguridad Privada y las condiciones previstas en el articulo 41 de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada.

 

Respecto del servicio de respuesta de alarma es asumido siempre por la Empresa Central Receptora de Alarmas que puede prestarlo directamente por sus vigilantes de seguridad o subcontratarlo con una Empresa de Seguridad autorizada  para la actividad de vigilancia y protección de bienes y personas del articulo 5.1 letra a) de la Ley 5/2014 de Seguridad Privada también a través de vigilantes de seguridad.

 

Si se produjera la subcontratación de dicho servicio por una CRA ante una situación como la planteada por el presente Estado de Alarma, la Central Receptora de Alarmas deberá garantizar como contratista en todo momento frente al usuario contratista de dicho servicio, sea o no obligado a adoptar medidas de seguridad específicas, la prestación del servicio de respuesta a las Alarmas.

 

La Normativa de Seguridad impone a las Empresas de Seguridad el cumplimiento permanente de sus obligaciones por razón de la actividad para las que ha sido autorizada administrativamente.

Así pues, ante una situación tal y como el Estado de Alarma decretado por el RD 463/2020 de 15 de marzopor el Gobierno de España, la Empresa de Seguridad debe garantizar el cumplimiento de sus obligaciones frente a sus clientes al ser una actividad complementaria y subordinada a la seguridad pública, y tener por ello la condición de servicios esenciales en el Estado de España.

En este sentido la Orden del Ministerio de Interior 284/2020 de 25 de marzo en materia de tráfico y vehículos a motor es claro en relación a facilitar el cumplimiento por el personal de seguridad privada de sus obligaciones dentro de la Empresa de Seguridad Privada, de acuerdo con la normativa de seguridad privada:

“En ejercicio de esta facultad se ha dictado la Orden INT/262/2020, de 20 de marzo, por la que se desarrolla el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, en materia de tráfico y circulación de vehículos a motor.

El artículo 1.1 de esta orden dispone que el Ministro del Interior podrá acordar el cierre a la circulación de carreteras o tramos de ellas por razones de salud pública, seguridad o fluidez del tráfico o la restricción en ellas del acceso de determinados vehículos por los mismos motivos. Y el apartado 2 de este artículo prevé que, en el caso del cierre de las vías o restricción a la circulación a determinados vehículos, quedarán exceptuados los destinados a determinadas actividades que se consideran esenciales para garantizar el suministro de productos y la prestación de servicios esenciales para la población.

 

 

 

 

La relación contenida en el artículo 1.2 no es limitativa, sino que se contrae a mencionar los vehículos mediante los que se desarrolla una serie de actividades que en un primer momento se han considerado esenciales. Con objeto precisamente de que puedan quedar exceptuados de la restricción de circulación otros vehículos no expresamente incluidos, se ha previsto que los agentes encargados del control y disciplina del tráfico permitan circular a aquellos que consideren, en cada caso concreto, que contribuyen a garantizar el suministro de bienes o la prestación de servicios esenciales para la población”.

De forma concreta se dispone en dicha Orden citada, para cumplimiento de los servicios esenciales durante el Estado de Alarma como garantía para poder circular el personal de seguridad privada en el cumplimiento de su prestación laboral por las vías públicas a su centro de trabajo o en los servicios de vigilancia y protección respecto de lugar inmueble objeto de protección:

“2. En el caso del cierre de las vías o restricción a la circulación de determinados vehículos, quedarán exceptuados los vehículos destinados a la prestación de los servicios o a la realización de las actividades siguientes:

  1. a) Los de transporte sanitario y asistencia sanitaria, pública o privada, los de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, los de protección civil y salvamento y los de extinción de incendios.
  2. b) Los que transporten a personal de mantenimiento o técnicos de reparación de instalaciones o equipamientos sanitarios.
  3. c) Los de distribución de medicamentos y material sanitario.
  4. d) Los destinados a la distribución de alimentos.
  5. e) Los de las Fuerzas Armadas.
  6. f) Los de auxilio en carretera.
  7. g) Los de los servicios de conservación y mantenimiento de carreteras.
  8. h) Los de recogida de residuos sólidos urbanos.
  9. i) Los destinados al transporte de materiales fundentes.
  10. j) Los destinados al transporte de combustibles.
  11. k) Los destinados a la producción, comercialización, transformación y distribución de productos agrícolas, ganaderos y pesqueros, y sus insumos; a la producción, distribución alquiler y reparación de equipos y maquinaria para la agricultura, la pesca, la ganadería, y su industria asociada, y al transporte y tratamiento de residuos y subproductos agrícolas, ganaderos y pesqueros, y de la industria alimentaria.

 

  1. l) Los destinados al transporte de mercancías perecederas, entendiendo como tales las recogidas en el anejo 3 del Acuerdo Internacional sobre el transporte de mercancías perecederas (ATP) así como las frutas y verduras frescas, en vehículos que satisfagan las definiciones y normas expresadas en el anejo 1 del ATP. En todo caso, la mercancía perecedera deberá suponer al menos la mitad de la capacidad de carga útil del vehículo u ocupar la mitad del volumen de carga útil del vehículo.
  2. m) Los destinados a la fabricación y distribución de productos de limpieza e higiene.
  3. n) Los de la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos, S.A.

ñ) Los fúnebres.

  1. o) Los utilizados por las empresas de seguridad privada para la prestación de servicios de transporte de seguridad, de respuesta ante alarmas, de ronda o vigilancia discontinua, y aquellos que resulte preciso utilizar para el desempeño de servicios de seguridad en garantía de los servicios esenciales y el abastecimiento a la población.

Por consiguiente, el vigilante de seguridad contratado e integrado en una Empresa de Seguridad desempeñando sus funciones del articulo 32 de la Ley de Seguridad Privada, viene obligado a cumplir sus obligaciones como personal de seguridad privada, no pudiendo abandonar su puesto de trabajo en los servicios de vigilancia y protección contratados salvo causa justificada acreditada o fuerza mayor.

La falta de cumplimiento de dicha obligación por parte de este personal operador de seguridad implica la comisión de una infracción muy grave contra la normativa de seguridad privada.

Así pues,  tal como se establece en el RDL 10/2020 de 29 de marzo que regula el permiso retribuido recuperable para personal laboral por cuenta ajena, quedan excluido dicho permiso retribuido recuperable para todo el personal de las Empresas de Seguridad Privada, sean o no personal acreditado o habilitado tal y como se dispone tanto en el preámbulo de dicho RDL cuando afirma:

El presente real decreto-ley regula un permiso retribuido recuperable para personal laboral por cuenta ajena, de carácter obligatorio y limitado en el tiempo entre los días 30 de marzo y 9 de abril (ambos incluidos), para todo el personal laboral por cuenta ajena que preste servicios en empresas o entidades del sector público o privado que desarrollan las actividades no esenciales calificadas como tal el anexo”.

 

Ello viene concretado en el articulo 1 del citado RDL 10/2020 relativo al ámbito subjetivo de aplicación: “No obstante, quedan exceptuados del ámbito de aplicación: a) Las personas trabajadoras que presten servicios en los sectores calificados como esenciales en el anexo de este real decreto-ley.”

Respecto de la Empresa de Seguridad, su sede social o delegaciones a los efectos del cumplimiento de sus obligaciones como Empresa, debe mantenerse abierta y operativa,  a los efectos de inspección y control  por las autoridades policiales competentes y a nivel de ejecución de los servicios, la Empresa debe mantener los mismos de forma permanente frente a los clientes sea o no obligados a adoptar medidas de seguridad, de forma específica frente a los usuarios obligados a adoptar medidas de seguridad específicas e infraestructuras críticas para garantizar los servicios esenciales dentro del Estado de Alarma así como respecto de las actividades consideradas esenciales en el Anexo del RDL 10/2020 de 29 de marzo y Orden del Ministerio de Interior 284/2020 de 25 de marzo.

La falta de cumplimiento de dicha obligación puede implicar una infracción muy grave contra la normativa de seguridad privada.

 

Y para que así conste y surta los oportunos efectos en la fecha ut supra indicada.

 

 

 

Fdo,

 

Jorge Salgueiro Rodríguez

Presidente Ejecutivo

AECRA

jsr@aecra.org